El próximo 1 de junio se elegirá a quienes ocuparán cargos en el poder judicial, tanto a nivel federal como estatal en 19 entidades, incluidas Coahuila y Durango. Esta será la primera elección derivada de la reforma judicial aprobada en 2024, la cual deposita en el sufragio ciudadano la responsabilidad de decidir por jueces, magistrados y ministros. En total, se elegirán 881 cargos federales: desde ministros de la Suprema Corte hasta titulares de los juzgados de distrito, pasando por las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
La dimensión del proceso es también inédita: más de 3 mil 400 candidaturas. En algunos estados, los votantes recibirán hasta 12 boletas, lo que hace aún más compleja la jornada. El INE prevé instalar más de 83 mil casillas. Sin embargo, sólo habrá una urna por casilla para todos los cargos en elección. Además, los votos no serán contados por los ciudadanos sino por el propio INE, y los resultados se conocerán hasta 12 días después de los comicios. Sin embargo, el mayor reto no es logístico, sino de participación: el propio Instituto estima que apenas entre el 8 y el 15 por ciento de los ciudadanos inscritos acudirá a votar. El desconocimiento sobre los cargos, la dificultad inherente al proceso y la ausencia de campañas visibles explican en parte el riesgo de abstencionismo.
Es importante subrayar que la reforma judicial surge, al menos en el discurso, de la necesidad de corregir vicios, excesos y corrupciones en el sistema de impartición de justicia mexicano. Y que, como señalan los especialistas en la materia, ese era un reclamo legítimo y urgente. Sin embargo, la polémica está en el remedio propuesto: elegir a los juzgadores no necesariamente resuelve los problemas de fondo y puede incluso agravarlos. En lugar de fortalecer la autonomía judicial, se corre el riesgo de que otros poderes —incluidos los fácticos— capturen al entramado institucional que debería ser el más independiente de todos.
Por eso, aunque no se vota por partidos, sí se vota por el origen de las candidaturas. En cada boleta estarán presentes los nombres de personas propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de quienes actualmente están en funciones y buscan continuar. Organismos especializados han recomendado dar preferencia a quienes ya están en el cargo o fueron propuestos por el propio Poder Judicial, por considerar que esos aspirantes al menos tienen mayor experiencia en la materia. Y es que no se trata de popularidad, sino de conocimiento técnico y responsabilidad ética que exigen esos cargos.
Definitivamente, amigo radioescucha, esta elección es una prueba para la democracia mexicana. Más allá de sus defectos, representa una oportunidad para que el Poder Judicial no quede en manos de intereses externos ni de improvisados. Informarse y participar será clave para que la justicia en México no dependa de cuotas ni de cuates, sino de personas con vocación, conocimiento y compromiso. El riesgo de que el Poder Judicial quede en manos inexpertas o con intereses muy oscuros es altísimo, pero el compromiso ciudadano tiene el poder para evitarlo.